Por. Italo Urdaneta
El impacto real de las sanciones y el bloqueo y los llamados a que se presione económicamente y se recrudezcan las medidas coercitivas han tenido consecuencias directas y severas sobre el bienestar de las familias venezolanas, aunque opositores que apoyan a la líder de la oposición, MCM, nieguen esta cruenta realidad.
Está situación, tan real, como el tamaño de una catedral, ha hecho que colapsen los servicios públicos, pero además han restringido el comercio internacional, revelan informaciones de expertos analistas.
Especialmente las sanciones – dicen estos informes- han incidido y aún afectan de manera directa a la industria petrolera, pese a que la venta del crudo ya se hace con regularidad.
No hay que olvidar que las medidas coercitivas, impuestas por EEUU, impidieron que Pdvsa siguiera manejando a la empresa Citgo, y limitaron drásticamente los ingresos del Estado.
Es notorio que estás pervertidas acciones impidieron la inversión y el mantenimiento en áreas esenciales como el sistema eléctrico, el suministro de agua, el transporte y la distribución de gas.
Además, el sistema de salud se ha visto seriamente afectado.
Es evidente que la escasez de medicamentos y de insumos hospitalarios se agravó significativamente durante los años más estrictos del bloqueo, afectando de manera directa la calidad de vida y el acceso a la salud de las familias de menores recursos.
Si en algo han incidido las sanciones impuestas por
EE.UU y por los países que integran la Unión Europea, por otra parte, es que asfixiaron la principal fuente de divisas del país, detonando una espiral de hiperinflación y devaluación que pulverizó el salario real, los ahorros y las pensiones de la ciudadanía.
La caída del poder adquisitivo y la paralización del aparato productivo fueron catalizadores fundamentales de la emergencia humanitaria que obligó a millones de venezolanos a abandonar el país y eso dió pie a que se arreciara la migración forzada, que planificó la misma oposición.
Históricamente, sectores políticos liderados por María Corina Machado han justificado la necesidad de una presión internacional severa, incluyendo el
uso de la fuerza y el
bloqueo al ingreso de recursos, argumentando que era la única vía para lograr un cambio de gobierno.
Esto dio paso, posteriormente, a una posición de alineación absoluta con los objetivos de la política exterior estadounidense, que desencadenaron la invasión del 3E.
Estos llamados tuvieron su punto de inflexión en la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando el gobierno de Estados Unidos ejecutó una operación militar unilateral contra objetivos estratégicos en el país, lo que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su traslado a territorio estadounidense.
Quienes aplaudieron estos llamados, que hizo precisamente MCM, sostienen que la intervención era una medida necesaria para remover a las cúpulas del gobierno, argumentando que el origen de la crisis y el sufrimiento de los venezolanos radicaba exclusivamente en el modelo de gestión estatal, la corrupción y el autoritarismo, y no en las sanciones.
Por el contrario, el oficialismo y diversos analistas independientes catalogaron estas acciones (tanto las económicas como la agresión militar del 3E) como un uso ilegal de la fuerza y una violación a la soberanía nacional, señalando que las sanciones fueron diseñadas intencionalmente para doblegar la economía y someter a la población civil, constituyendo lo que describen como un castigo colectivo.
Expertos coinciden que las sanciones y el bloqueo económico sí han afectado directamente a las familias venezolanas, ya que han funcionado como un catalizador del colapso de los servicios, los ingresos y la calidad de vida de cada hogar venezolano.
Sin embargo, atribuir la crisis única y exclusivamente a las sanciones, dicen los más neutrales, es una visión incompleta.
El colapso macroeconómico, la destrucción de la industria petrolera, la hiperinflación y la emergencia humanitaria comenzaron a gestarse años antes del recrudecimiento de las medidas coercitivas internacionales, impulsadas por políticas económicas insostenibles, afirman.
En conclusión, la solicitud y el apoyo a las sanciones y a la intervención militar han demostrado ser medidas que, lejos de afectar únicamente a la cúpula gobernante, como se pretendió hacer creer, generaron un daño colateral masivo en la población general.
Al mismo tiempo, operaron bajo la premisa política de la oposición extremista de que el sufrimiento era un costo inevitable y necesario para lograr la salida del gobierno y una posterior transición democrática y económica.