Por: Andrés Gaudín
Sin pudor, EE UU se inmiscuye en las legislativas del 2027. Un burdo accidente los expuso y el gobierno azteca se cubre con una reforma constitucional y poniendo a la gente en la calle.
Desde que la ultraderecha global encontró en Donald Trump a un líder tan grotesco como decidido, México y la presidenta Claudia Sheinbaum se han convertido en blanco de la claque imperial. Desde España, Israel y Argentina llueven las descalificaciones que no son más que acciones de injerencia para desestabilizar a un gobierno que enarbola día a día el principio de autodeterminación de los pueblos, una actitud irritante para los poderes dominantes. EE UU agrede a México desde siempre, pero no de la forma provocativamente torpe con la que lo hace su presidente actual, que en las últimas semanas quedó al desnudo después de que en un accidente vial murieran dos agentes de la CIA que, con protección de la derecha local, actuaban en el estado fronterizo de Chihuahua.
Las acciones de intromisión que, según Sheinbaum, buscan incidir en el resultado de las elecciones mexicanas de medio término (junio del 2027), en las que la derecha intentará arrebatarle al gobierno la mayoría legislativa, asumen ya distintas y muy visibles formas. Divulgando falsos datos sobre la marcha de la economía mexicana. Denunciando a gobernadores y senadores como supuestos integrantes de los carteles de la droga. Pidiendo la extradición de otros sin aportar datos que comprometan a los acusados. Convirtiendo al embajador Ronald Johnson en una especie de predicador de las buenas costumbres, cuando en realidad lo que hace es inmiscuirse en los asuntos internos y reivindicar el papel de los agentes encubiertos de la CIA y de la DEA.
México reaccionó al unísono. Después de que la presidenta advirtiera que “existe el riesgo real” de intervención extranjera en las elecciones legislativas y señalara la conveniencia de incorporar a la Constitución Nacional una causal de nulidad de los comicios cuando se comprobara injerencia foránea en su desarrollo, en apenas 24 horas las cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron una reforma constitucional bien precisa en la materia. Después de señalar que la intromisión en los procesos democráticos se ha vuelto uno de los principales desafíos para la estabilidad institucional y la protección de la soberanía de los Estados modernos, los legisladores advirtieron que la intervención puede manifestarse con financiamiento, ciberataques, desinformación coordinada o presión diplomática.
Para Sheinbaum y su staff es legítimo dudar del verdadero interés del gobierno de EE UU cuando pide extradiciones para juzgar per se a dirigentes elegidos en comicios democráticos, o cuando se altera la información sobre el estado de la economía. La presidenta se refería a las calificadoras de riesgo que, llamativamente, coincidieron en la publicación de sus informes y en los números falseados sobre el empleo (con un índice del 2,5% el país se sitúa entre los tres primeros a nivel mundial), la inversión extranjera directa y la reducción del déficit fiscal (1,5% en 2025). Todo sin alharacas ni motosierras.
Para comprender la necesidad de la reforma, explicó un vocero legislativo del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se debe recordar que la intromisión foránea no es algo especulativo sino una realidad histórica. “Está documentado –dijo– que así como pasaría en Argentina en 2025, cuando tambaleaba la aceptación del gobierno de Javier Milei, en 2006, EE UU maniobró para afianzar al gobierno del ultraderechista Felipe Calderón. Y que en 2024 Joe Biden entregó cifras siderales a las colaterales de los partidos opositores, en especial el PRI. Si bien su candidata presidencial perdió, es imposible determinar cuántos y cuáles legisladores y gobernadores de la derecha deben sus cargos a EE UU.
En lo que podría verse como el inicio de una campaña de esclarecimiento sobre la gravedad de los actos de intromisión, Sheinbaum cuestionó con firmeza al embajador Johnson, al que exhortó a atenerse a la agenda bilateral y respetar la soberanía mexicana. Es probable que haya olvidado por un momento el prontuario del espía devenido en embajador gracias a su amistad personal con Trump. Entre 1971 y 1998 sirvió en los Boinas Verdes del ejército, cuerpo de élite usado en operaciones de intervención, asesinatos selectivos, labores de contrainsurgencia y otras acciones criminales. En tal carácter fue un miembro selecto de las fuerzas que ejecutaron el genocidio de los años 80 en El Salvador. Después sirvió durante dos décadas en la CIA, en Afganistán, Irak, Libia y los Balcanes.
En un multitudinario acto público, Sheinbaum hizo una pausa y preguntó: “Quién decide en México, las agencias extranjeras o el pueblo”. Y tras otro instante de silencio tiró una idea no formulada antes por partido o líder progresista americano, a excepción de Hugo Chávez: “Desde ahora, vayamos a las plazas a reunirnos en asambleas, a debatir, a repartir volantes, a compartir con el pueblo la idea de que la patria se ama y se defiende”. La respuesta de Morena fue inmediata: hasta fines de agosto organizará 2600 asambleas y hará 30 millones de visitar casa por casa. Y avanzó sobre la idea de Sheinbaum: “En asambleas y las visitas hagamos una reflexión sobre el movimiento progresista a nivel mundial, dado que México es un faro, especialmente para los pueblos de nuestra América”.
Lo cierto es que si evitando pensar que se trata de la presidenta de un país de primera línea hubiera que evaluar sus modales, como simple ciudadana la mexicana Sheinbaum se alzaría con un muy bien diez felicitado. No cualquiera de estómago digno podría tratar con Trump y evitar caer en las formas soeces y groseras con las que el norteamericano se esfuerza en degradar las relaciones diplomáticas entre países que, por su situación geográfica, están condenados a compartir hasta el oxígeno. Con paciencia, el David americano fue cercando al Goliat imperial hasta obligarlo a quitarse la máscara y exponer las más evidentes formas de intromisión. La respuesta, entonces, fue contundente: movilizar al pueblo, poniendo al país todo en democrático estado deliberativo. «
El golpista que fue premiado
El 6 de enero de 2021, cuando Trump les sacó el bozal a sus bestias y les ordenó tomar por asalto el edificio del Congreso estadounidense, Elías Irizarry no era más que el bisnieto primigenio de un vasco llegado a Ellis Island (Nueva York) en la oleada migratoria europea de fines del siglo XIX. Era apenas uno más entre los irracionales elegidos para dar el primer golpe de Estado en la historia de EE UU. Nada se sabe de la suerte corrida por el ancestro ibérico, salvo que fracasó en su ambición de “hacerse la América”. El bisnieto, en cambio, dio el batacazo y desde principios de mayo, revista con un alto cargo entre los asesores del Pentágono.
Lo destapó el The Washington Post. Un soplón le alcanzó hasta la planilla en la que consta su nombramiento, firmada nada menos que por el ministro de Guerra, Pete Hegseth. Lo publicó el miércoles último. El informante del diario precisó que fue el mismísimo Trump quien ordenó que se lo exculpara y designara en el staff ministerial, sin importarle que el sujeto estuviera condenado por el asalto al edificio del Legislativo de “la nación faro de la democracia y de las libertades”. Una primicia molesta y contundente. El vocero del Pentágono, Joel Valdez, debió admitir las anomalías que coronaron la designación: “Irizarry es un joven profesional, calificado y patriota”. Precisó: “Estamos orgullosos de tenerlo entre nosotros” asignado a la oficina del subsecretario de Políticas para la Defensa, un despacho de élite encargado de asesorar en seguridad nacional sobre estrategia y planificación militar al ministro Hegseth, con especial énfasis en y los altos mandos del Comando Sur y la IV Flota, máximas instancias del Pentágono en su estrategia de penetración militar en América Latina. Con Trump, uno y otra están marcando su agresiva presencia en la región para seguir de cerca las relaciones de éstos con China y abortar bajo amenaza los proyectos de inversión de las empresas del gigante asiático.