Por Yvette Sierra Praeli. Desinformemonos
El informe Amazonía bajo asedio: cómo el crimen y la militarización amenazan a los pueblos indígenas pone sobre la mesa los impactos de las economías ilegales y las respuestas militarizadas de los Estados en los territorios indígenas. A través de siete casos de estudio en cinco países amazónicos —Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela—, el documento describe cómo las actividades ilícitas y la represión estatal transforman la forma de vida y la cultura de los pueblos indígenas y afectan su autodeterminación y sus derechos colectivos.
“La minería ilegal de oro, el narcotráfico, la tala ilegal y las redes de tráfico han evolucionado hasta convertirse en sistemas interconectados que controlan la tierra, remodelan las economías locales e impulsan una violencia sin precedentes”, señala el informe.
Como consecuencia de esta espiral de violencia, desde 2012, al menos 296 defensores han sido asesinados en la Amazonía, siendo Colombia y Brasil los países más peligrosos para quienes la defienden. Según este estudio, las redes criminales afectan al 67 por ciento de los municipios amazónicos y han puesto al 32 % de los territorios indígenas en disputa entre actores armados.
El informe también señala que las estrategias de los Estados basadas en acciones militarizadas para enfrentar al crimen organizado han fracasado repetidamente. “La respuesta de los Estados muchas veces empeora las cosas. Cuando optan por la militarización y la represión terminan tomando los territorios y generando otros tipos de violencia y control, en lugar de fortalecer las respuestas propias de los pueblos indígenas”, explica Raphael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de la organización Amazon Watch y uno de los autores del documento.
El estudio se presentó el lunes 20 de abril en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), que se realizó en Nueva York, Estados Unidos. El reporte fue elaborado por Amazon Watch con la participación de 15 organizaciones indígenas de cinco países amazónicos y una red de periodistas e investigadores independientes.
Los hallazgos en los territorios
“El modo de vida de los pueblos indígenas en la Amazonía está siendo alterado de una forma dramática por estas actividades ilícitas”, comenta Hoetmer en una entrevista con Mongabay Latam. En ese sentido, destaca tres temas clave que se han hecho visibles a través de este estudio.
El primero se refiere a la violencia que deben enfrentar las mujeres ante la trata de personas y la violencia sexual, pero también porque tienen que lidiar con los problemas de salud en la comunidad, con el acceso al agua, entre otras situaciones. Un segundo tema clave aborda la situación de los niños y adolescentes. “En todos los casos hemos visto reclutamiento, trabajo forzoso y hasta esclavitud”, comenta Hoetmer.
El análisis también expone los impactos específicos para los pueblos en aislamiento. “Estamos viendo que los espacios que protegen a los pueblos indígenas en aislamiento se han convertido en lugares ocupados por el crimen organizado, como sucede, por ejemplo, con el pueblo kakataibo y los pueblos transfronterizos”, dice el investigador.
Los hallazgos del estudio toman como base el análisis que hicieron en siete escenarios territoriales en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela así como los testimonios recogidos durante el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, que se realizó en febrero en la ciudad de Pucallpa, en la Amazonía peruana.
“Se escogieron siete casos distintos en cinco países diferentes para poder hacer un análisis sistemático sobre la vulneración de derechos, el rol de los Estados, las dificultades en sus políticas y las respuestas de los pueblos indígenas frente a todo esto”, aclara Hoetmer.
A través de estos casos se identificaron algunos patrones de la violencia y los cambios que ocurren en los territorios étnicos. En cuanto al derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, estos son violados sistemáticamente por actores armados, redes criminales y actividades extractivas, tanto legales como ilegales. “La defensa del territorio suele tener un alto costo que incluye amenazas y violencia”, señala el informe.
El desplazamiento forzado, el confinamiento y el control territorial que restringe la movilidad en los territorios indígenas son también consecuencias de la presencia de las economías ilegales que fragmentan la vida comunitaria y socavan la autogobernanza indígena.
“Nuestros territorios son territorios de vida, son territorios de buen vivir. Conservamos nuestros territorios porque es la gran fortaleza para la vida humana”, señala la lideresa indígena ecuatoriana Josefina Tunki, vicepresidenta del Consejo Directivo de la Red Territorios de Vida (TICCA) Latinoamérica.
Tunki también habla de otros impactos en los territorios como el desplazamiento de las poblaciones y la contaminación de los ríos. “En la Cordillera del Cóndor [en la frontera entre Ecuador y Perú] los ríos están contaminados. Y los líderes estamos en resistencia para proteger la biodiversidad, pero estamos siendo perseguidos para callarnos. Los pueblos originarios estamos siendo desplazados de nuestros territorios por los grupos organizados en Ecuador”.
Entre los casos analizados en el informe se encuentra el del pueblo indígena munduruku, en Brasil, cuyo territorio en la última década se ha convertido en uno de los principales focos de minería ilícita de oro con presencia de redes criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Un segundo caso en Brasil, en la frontera con Perú, expone la situación de los pueblos indígenas del territorio transfronterizo Yuruá-Jurúa-Alto Tamaya, que enfrentan crecientes amenazas como la expansión de economías ilícitas, incluyendo el narcotráfico, el cultivo de coca y la tala ilegal.
El territorio de los pueblos indígenas del Putumayo, en Colombia, en los límites con Ecuador y Perú, es otro de los casos presentados. Se trata de un centro clave para las economías ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de cocaína, con presencia de grupos armados como Comandos de la Frontera (CDF), el Frente Carolina Ramírez y el Frente Raúl Reyes.
Para Ecuador se tomó el caso de la Nacionalidad Kichwa del Napo, una zona con minería ilegal de oro y cuyos ríos sirven de corredores logísticos para las operaciones mineras, el narcotráfico, la extracción de madera y otras actividades ilícitas, con presencia de grupos criminales como Los Lobos y Los Choneros.
Dos casos de Perú se suman al estudio. El primero corresponde al pueblo kakataibo, sometido a una creciente presión debido al narcotráfico, la tala ilegal, la apropiación de tierras y la minería ilegal de oro. El segundo es el territorio de la Nación Wampís, que enfrenta una creciente presión de la minería ilícita, la tala ilegal y actividades asociadas con el narcotráfico, con presencia de grupos criminales como los Trujillanos y los Huanuqueños.
El último caso es el de las tierras indígenas de los pueblos pemón, kariña, akawayo, piaroa y warekena, en el sur de Venezuela. Territorios ricos en oro, coltán y otros minerales estratégicos que se han convertido en importantes epicentros de economías ilícitas, con presencia de grupos armados colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La violencia en los territorios
Jackeline Odicio, presidenta de la Federación de Mujeres Kakataibo (Femuka), en Perú, pidió, durante la presentación del estudio en el Foro Permanente, que cese la violencia y la criminalización contra los pueblos indígenas. “No somos violentos, solo defendemos nuestros territorios. Vengo de un territorio con seis asesinados y nosotras también estamos siendo criminalizadas y amenazadas”.
Odicio también habla de las consecuencias en los niños, jóvenes y mujeres de las comunidades indígenas. “La violación a niños y niñas indígenas en los territorios, el embarazo de adolescentes, la prostitución, el reclutamiento, todo esto afecta en nuestros territorios. Las consecuencias son muy graves”, asegura.
Las diferentes formas de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes indígenas quedan reflejadas en las dinámicas de reclutamiento, explotación sexual, trabajo forzoso y coerción. “Estos abusos tienen su origen en desigualdades estructurales de género y patrones históricos de despojo, ahora exacerbados por la expansión del crimen organizado”, señala el informe.
El reclutamiento y la explotación de niños y adolescentes son estrategias fundamentales para el sostenimiento de grupos armados y economías ilícitas. En toda la Amazonía, los menores son reclutados para actividades mineras, de narcotráfico y de control territorial, a menudo mediante coacción, engaño o la ausencia de alternativas económicas viables.
Hoetmer comenta que la falta de oportunidades económicas es una de las razones por la que los jóvenes terminan involucrándose en las economías ilegales. “Muchas veces el trabajo en la coca o en la minería es la única oportunidad que tienen, esto lleva a que muchos jóvenes se sientan atraídos por estas actividades”. Sin embargo, estas transformaciones en las nuevas generaciones, asegura Hoetmer, afectan las formas de transmisión cultural y espiritual intergeneracional. “Las restricciones de movimiento por los territorios pueden impedir el acceso a lugares sagrados y a recorridos territoriales que son claves para la reproducción de la vida de los pueblos”.
El manejo territorial
En el estudio se mencionan las operaciones a gran escala que realiza el crimen organizado en los territorios de toda la región. También se señalan las intervenciones policiales y militares para desmantelar infraestructuras mineras ilegales, así como incautaciones y arrestos, pero sin abordar las causas estructurales que sustentan las economías ilícitas.
Ricardo Soberón, ex presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), señala que “la retórica con la cual muchos actores describen la expansión de las economías extractivas abona en favor de una mirada criminalista o militarista de las economías extractivas ilícitas. Esto distorsiona cualquier posibilidad de afrontar los problemas que se encuentran detrás de los campamentos mineros, de las pozas de maceración, de la deforestación de bosques”.
Soberón sostiene que “nos encontramos en una situación en la que se exagera en el uso de las respuestas represivas, como es el caso de la erradicación y la criminalización de los cocaleros, o se mantiene una tibia y tímida posición como Estado de Derecho”.
Para Hoetmer, se debe proponer una mirada distinta sobre la seguridad en los territorios indígenas. “El camino es una transformación territorial necesaria para contener a las economías ilegales porque la historia muestra que las respuestas exclusivamente militares no funcionan”.
Hoetmer también menciona que la mejor estrategia de seguridad en territorios indígenas es el respeto de sus derechos, la autodeterminación y la participación de los pueblos. “Se debería ver a los pueblos indígenas como una parte central estratégica para poder enfrentar el problema. Pero obviamente los pueblos no lo pueden hacer solos, necesitan ser respaldados, apoyados, complementados por los actores del Estado”.
Herlin Odicio, vicepresidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), señala que entre los mecanismos que han desarrollado para enfrentar a las economías ilegales están las guardias indígenas. “Dentro del territorio solo nos queda autoprotegernos para seguir existiendo. Los guardias indígenas son hermanos de las comunidades que vigilan sus territorios. Trabajamos con aliados en la implementación de equipos como drones y cámaras que pueden ayudar a monitorear los territorios, pero necesitamos más recursos”