Por Gustavo Burgos. El Porteño
El primer mes del gobierno de Kast no se deja encasillar en la cómoda categoría de “instalación”, esa fórmula administrativa con la que el periodismo burgués suele encubrir los momentos de definición política. Muy por el contrario, lo que se ha desplegado ante nuestros ojos es una condensación particularmente nítida de las tendencias profundas que atraviesan al capitalismo chileno en su fase actual: estancamiento productivo, crisis de legitimidad estatal y necesidad creciente de descargar el peso de la reproducción social sobre la clase trabajadora. La confusión formal del inicio —desprolijidades, tensiones internas, anuncios contradictorios— no debe inducir a error; bajo esa superficie se ha movido una orientación clara: una ofensiva directa y sistemática contra las condiciones de vida de las masas.
El alza de los combustibles, presentada como ajuste técnico o consecuencia inevitable del mercado mundial, constituye en realidad el punto de apoyo de una espiral inflacionaria que atraviesa toda la economía. No se trata simplemente de un incremento sectorial, sino de un mecanismo general de transferencia de valor: encarece el transporte, presiona los precios de los alimentos, eleva los costos de la construcción y, en definitiva, deteriora el salario real. Este fenómeno, lejos de ser accidental, corresponde a una de las formas típicas mediante las cuales las crisis capitalistas son desplazadas hacia los trabajadores. Estas crisis periódicas ponen en cuestión cada vez más la existencia de toda la sociedad burguesa, no como un colapso inmediato, sino como una reproducción ampliada de sus contradicciones. En este sentido, el encarecimiento general de la vida bajo el gobierno de Kast no inaugura una fenómeno accidental, sino que expresa una ley de funcionamiento del sistema.
Ahora bien, esta ofensiva no se limita al terreno económico inmediato. Se inscribe en un intento más amplio de reorganización del régimen, que podríamos caracterizar —siguiendo una analogía precisa— como un ensayo mileísta tipo blitz krieg en condiciones chilenas: un ataque frontal, simultáneo y generalizado contra las conquistas históricas del movimiento obrero. La flexibilización laboral, la reconfiguración de la seguridad social en favor del capital privado, la reducción del gasto público y el reforzamiento del aparato coercitivo del Estado no son medidas dispersas, sino momentos de una misma orientación estratégica. Sin embargo, lo decisivo aquí no es únicamente la voluntad del gobierno, sino la estructura de apoyos que hace posible su despliegue. La apelación reiterada desde sectores del Partido Socialista y del Frente Amplio a una oposición “responsable” o “no obstruccionista” revela que el programa gubernamental no avanza contra el régimen, sino a través de él. La colaboración de estas fuerzas no constituye una desviación moral, sino una función política: asegurar la continuidad de la dominación de clase en condiciones de crisis.
Con todo, este proyecto enfrenta límites estructurales que no pueden ser sorteados mediante voluntad política de sus sostenedores. El primero de ellos radica en la imposibilidad de imponer reformas de gran alcance sin haber logrado siquiera estabilizar un diagnóstico legítimo de la situación nacional. Gobernar mediante una sucesión de “malas noticias” para las masas —alzas, recortes, amenazas— socava cualquier base mínima de consenso. La burguesía puede gobernar mediante coerción, pero incluso la coerción requiere de una cierta mediación ideológica que aquí aparece totalmente debilitada. En términos más generales, como se desprende del análisis de las crisis capitalistas contemporáneas, el sistema no puede reorganizarse indefinidamente descargando sus contradicciones sobre los mismos sectores sin generar resistencias crecientes.
El segundo límite es de carácter internacional. El proyecto de Kast no emerge en un vacío, sino en un contexto mundial marcado por la crisis, la guerra y el desgaste de las experiencias políticas afines. El intento de reproducir en Chile una ofensiva de tipo “libertaria” o reaccionaria se produce en un momento en que sus referentes enfrentan dificultades crecientes. Trump, Orban y Milei —por citar a los mayores esperpentos de la corriente que integra Kast— enfrentan una fase terminal de sus experiencias marcadas por el signo de la derrota política. Pero, más profundamente, lo que se expresa políticamente es una tendencia estructural del capitalismo global: la caída de la rentabilidad y el carácter cada vez más contradictorio del desarrollo de las fuerzas productivas. Como señala Michael Roberts, los estudios empíricos sobre la economía mundial confirman “una tendencia a largo plazo a la caída de la rentabilidad”, lo que implica crisis recurrentes de producción e inversión . Esta constatación empírica no hace más que verificar, en el terreno contemporáneo, la ley marxista de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia del capital. Y es precisamente esta tendencia la que limita las posibilidades de cualquier gobierno nacional para estabilizar el sistema.
En este punto, resulta iluminador recuperar una formulación más general sobre el carácter de la época. Vivimos en efecto una época de decadencia generalizada del capitalismo, el desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo ha alcanzado un nivel en el que sus propias conquistas se vuelven contradictorias, la quintaesencia objetivada de las antinomias inherentes al modo de producción capitalista que se nos presenta con su marca de guerra, genocidio y hambrunas . Esto significa que cada intento de expansión o reforma se encuentra atravesado por tensiones que el sistema no puede resolver en sus propios términos. El gobierno de Kast, en este sentido, no llega a inaugurar un ciclo, sino a administrar —de manera particularmente agresiva— una crisis histórica de la que es un síntoma terminal.
De ahí que, lejos de constituir una ruptura, su gestión aparezca como continuidad concentrada de la función contrainsurgente que el Estado chileno ha venido desempeñando desde el estallido de 2019. Kast no puede hacer más que seguir el camino iniciado por Boric. La retórica del orden, el endurecimiento de las políticas de seguridad y la criminalización de la protesta no son innovaciones, sino intensificaciones. Producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, en momentos de crisis, el Estado se despliega abiertamente como instrumento de coerción sin tener más posibilidades de ofrecer más que represión frente a cualquier problema social. Como dijo alguien al otro lado de Los Andes «cárcel o bala».
Sin embargo, la clave del momento no reside únicamente en las limitaciones del gobierno, sino en la respuesta —aún embrionaria— del movimiento de masas. Incluso en ausencia de una dirección política articulada, comienzan a manifestarse signos de resistencia. El episodio de Valdivia,de protesta contra Ministra de Ciencias es una muestra —valga la paradoja— de laboratorio de este problema. Poco más de un centenar de estudiantes protestan contra el desfinanciamiento de programas de formación universitaria; lo hacen en la inauguración del año académico; ni la Ministra ni el Rector ejercen el más mínimo gesto de autoridad frente a una esperable protesta; finalmente, un hecho que pudo haber pasado inadvertido por los medios, se transforma en un episodio de alcance nacional. Resultado: luego de una penosa campaña de victimización de la Ministra de Ciencias (por razones étnicas y de género) la federación de estudiantes FEUACH —que llevaba a lo menos diez años el el sarcófago— sale a respaldar al estudiantado y paralelamente el Consejo Superior de la UACH ofrece su respaldo al rector Egon Montecinos luego de que el Presidente de los Republicanos —Squella— pidiera su dimisión al cargo.
Lo notable no es la magnitud del conflicto, sino su persistencia pese al consenso del régimen — desde la la extrema derecha al Frente Amplio— en favor del gobierno y su ministra . Este tipo de situaciones recuerda una enseñanza clásica de la experiencia revolucionaria: las masas no actúan a partir de programas acabados, sino a partir de la experiencia inmediata de la imposibilidad de seguir viviendo bajo las condiciones existentes.
Así, el primer mes del gobierno de Kast revela una paradoja fundamental. Su aparente fortaleza —capacidad de iniciativa, claridad discursiva, apoyo transversal del régimen— descansa sobre una debilidad estructural profunda: la imposibilidad de resolver las contradicciones que pretende administrar. Kast llega tarde a un ciclo histórico que ya ha entrado en fase de agotamiento, intenta imponer una ofensiva en condiciones desfavorables y se apoya en una arquitectura política cuya legitimidad está erosionada. En estas condiciones, su horizonte más probable no es la reorganización estable del capitalismo chileno, sino la prolongación de la crisis bajo formas cada vez más agudas.
De este diagnóstico se desprende una conclusión que no es meramente analítica, sino estratégica. La situación abierta no puede ser enfrentada mediante adaptaciones parlamentarias ni mediante una oposición que se limite a gestionar los ritmos del gobierno, de hecho no hay elecciones hasta el 2028. Lo que se impone es la construcción de una oposición de clase independiente, capaz de articular las resistencias dispersas, de intervenir en la lucha contra la inflación y la precarización, y de reabrir la perspectiva de una transformación radical. Porque lo que está en juego, bajo la apariencia de medidas económicas y reformas administrativas, es una verdadera guerra social abierta en todos los frentes. Y toda guerra de clases, si ha de ser ganada por los explotados, requiere organización, programa y dirección.