SEGUNDO DEBUT

Por: Luis Britto García

Repitamos cosas sabidas sólo para saber que las sabemos.
La victoria del 20 de mayo es el cuarto cheque en blanco que el pueblo
le expide al sistema político para que haga lo que debe hacer.
Es generoso cheque, con 5.823.728 votos a favor de Maduro y 47
puntos de ventaja sobre el más cercano contendor.
Pero es un cheque que rebaja el elevado cociente de participación de
anteriores elecciones a 53,9%, señal de que el talonario puede ser
limitado.
Es voto de confianza, expedido en duras y amargas condiciones de
escasez e inseguridad, suscrito para que se las resuelva, y no para
que se las ignore o sirvan como promesas de la próxima campaña.
El pacto de Punto Fijo se hundió con los partidos que lo suscribieron
en 1958, porque pretendió reducir el debate político a candidaturas y
planchas.
Ya tenemos bastante de planchas y candidaturas: queremos soluciones.
Urgimos la aniquilación de la legión de bachaqueros multimillonarios,
medianos y artesanales que trafican a la luz pública con bienes
subsidiados y necesidades populares.
Queremos que de una vez por todas se cierre o por lo menos se controle
exhaustivamente una frontera por donde se desangra el 40% de lo que
Venezuela produce o importa.
Urgimos que se aplaste el aparato paramilitar que desde principios de
siglo perpetra el terrorismo y la Guerra de Cuarta Generación.
Solicitamos que se establezca constitucionalmente para aquellos que
tienen varias nacionalidades la lealtad exclusiva hacia Venezuela y
que las acciones contra ella sean penalizadas como traición a la
Patria.
Aspiramos a que se publique la lista de empresarios y empresas que
desaparecieron 60.000 millones de dólares preferenciales en
importaciones fantasmas e impulsan la guerra económica, o el nombre de
quien oculta el listado y sus motivos.
Anhelamos que se impida la multiplicación fantasiosa de los precios,
imponiendo un sistema universal digitalizado de contabilidad que
obligue a las empresas a revelar costos de producción y márgenes de
ganancia.
Exigimos un control informatizado previo, concomitante y posterior del
ingreso y el gasto público, que fiscalice el cumplimiento de las metas
y programas previstos para ministerios, institutos autónomos,
fundaciones, empresas y propiedades del Estado, estados, municipios,
alcaldías y consejos comunales, y establezca responsabilidades
administrativas, civiles y penales por su incumplimiento
injustificado.
Impetramos que la explotación de los recursos naturales se realice en
lo posible con recursos propios o empresas donde Venezuela conserve
mayoría decisiva; que los contratos sobre la materia sean objeto de
publicidad exhaustiva en todas sus fases; que se realicen sólo con
empresas que hayan demostrado sobrada capacidad técnica y financiera y
presenten expedientes irreprochables de relaciones con el Estado; y
que en los acuerdos con empresas extranjeras no se concedan
privilegios, beneficios, ventajas, exenciones de impuestos, regímenes
de estabilidad tributaria o de sometimiento a tribunales extranjeros
ni créditos ni otorgamientos de recursos que no rigen para las
nacionales.
Demandamos que se respete rigurosamente el artículo 301 de la
Constitución, según el cual “No se podrá otorgar a personas, empresas
u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los
establecidos para los nacionales”, o que en homenaje al irrenunciable
nacionalismo bolivariano se sancione una norma más exigente todavía.
Reclamamos que se aplique el principio de territorialidad de la renta
y que se denuncien los infames Tratados contra la Doble Tributación,
en virtud de los cuales empresas y personas extranjeras dejan de
pagar 17.800 millones de dólares anuales en impuestos, mientras que
los venezolanos sí debemos pagar impuestos para facilitarles su
gestión económica.
Demandamos la expulsión inmediata del sector público de quien intente
sancionar normas o medidas neoliberales.
Reclamamos que las reivindicaciones anteriores no figuren como
promesas para elecciones venideras, ya que deberían estar resueltas
con el sólido piso político de la plenitud de poderes constitucionales
y jurídicos que le ha conferido el pueblo al gobierno en las últimas
consultas.
Señalamos que el repunte del crudo venezolano a 67,15 $ por barril
vuelve a dotar al bolivarianismo de piso económico para recuperar la
producción, y de medios para asegurarnos un presente tolerable y un
espléndido futuro.
Recordamos que cuando el gobierno se muestra incapaz de atender las
demandas de los gobernados, la crisis económica y social deviene
crisis política.

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